‘Se queda corta’ 8 de 8 contra la violencia; feministas optan por anti-boletas
Candidatos mantuvieron su registro en 2021 y 2024 pese a violar lo establecido en la 8 de 8 contra la violencia; feministas optan por herramientas visuales para denunciarlos.
Candidatos mantuvieron su registro en 2021 y 2024 pese a violar lo establecido en la 8 de 8 contra la violencia; feministas optan por herramientas visuales para denunciarlos.
En los procesos electorales federales, la iniciativa “8 de 8 contra la violencia” que pretende evitar que agresores de mujeres lleguen a cargos públicos, no ha rendido frutos, porque aunque en 2021 el INE canceló candidaturas, con sentencias firmes, el Tribunal detuvo las determinaciones. Y este año se perfila, que –otra vez– todos los aspirantes tengan vía libre para contender por un puesto.
En el actual proceso, se revisó el historial de 4 mil 485 candidatos propietarios y suplentes a través del requerimiento de información a 52 dependencias federales y locales; de ese total 47 respondieron al menos a una solicitud y reportaron hallazgos de antecedentes de violencia en 22 personas.
De ese total, en nueve casos se determinó mantener las candidaturas al no haber recibido información de manera oportuna por parte de las autoridades a las que se les solicitó, en un caso más, la candidatura contaba con sentencia firme pero excedía la temporalidad establecida por el INE y el resto se trataba de casos homónimos, es decir personas que tenían mismo y nombre y apellido que los denunciados.
En reunión de comisiones unidas de prerrogativas y partidos políticos y de igualdad de género y no discriminación, llevada a cabo el miércoles de esta semana, la consejera Carla Humphrey señaló que el INE “se quedó corto al situar dichas temporalidades para casos en los que ya hay antecedentes, sentencias o incluso resoluciones administrativas.
“Deja un poco de lado el origen de la propia iniciativa en materia de violencia política en razón de género, que es justamente hacer que las personas violentadoras no ocupen cargos de elección popular, y que incluso no accedan a cargos públicos vía designación o nombramiento”, anotó.
El proyecto que desecha los 22 casos y da luz verde a la totalidad de las candidaturas para continuar el proceso se discutirá este jueves en sesión del Consejo General del INE.
Los criterios de operación
La “8 de 8 contra la violencia” establece que no podrán ser candidatos o candidatas las personas con sentencia firme que hayan incurrido en la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal; contra la libertad y seguridad sexuales; cuando hayan afectado el normal desarrollo psicosexual; cometido violencia familiar o violencia doméstica; violación a la intimidad sexual; violencia política y/o hayan sido declarados como personas deudoras alimentarias morosas.
La iniciativa nació en 2020 y originalmente fue planteada por colectivas feministas como “3 de 3 contra la violencia”; a través de ella, demandaban que la autoridad electoral supervisara –tal y como lo hacía con su declaración patrimonial, fiscal y de intereses– a los aspirantes a un cargo de elección popular y evitara que los agresores llegaran al poder.
Un grupo de legisladoras arropó la propuesta y la llevó a la Constitución mediante una reforma al artículo 38 constitucional, pero la misma aún no tiene leyes secundarias para ejecutarla en los comicios.
En diciembre del 2023, el Consejo General del INE aprobó que ante la falta de reglamentación para esta contienda se tomaran en cuenta sentencias firmes emitidas entre el 30 de mayo de 2023 y hasta la fecha de postulaciones de candidatos; y en lo que respecta a violencia política contra las mujeres en razón de género, se avaló que fuera a partir del 14 de abril del 2020.
Foto: @50mas1Mx
Exhibir a los agresores
Las más de 200 agrupaciones feministas que luchan para que ningún agresor llegue al poder, este año se constituyeron en la observatoria ciudadana Todas Mx, cuya labor consiste en vigilar la aplicación de lo establecido en el artículo 38 de la constitución.
Sin embargo, de acuerdo con Patricia Olamendi, integrante de Todas Mx, los criterios aplicados para este proceso electoral “son limitados y mucho más laxos que los de 2021, lo que borra un esfuerzo de años de las feministas”.
En tanto que Martha Barragán, también miembro de la observatoria y directora de Transformación Violeta, lamentó que el órgano electoral dificulte la implementación de la propia ley. “Es como si quisieran cuidar a los agresores. Pareciera que el INE es quien pone más trabas que la misma modificación constitucional que fue aprobada”, consideró.
En medio de este escenario, la observatoria decidió evidenciar mediante las llamadas “antiboletas” a los candidatos que son investigados por delitos contra la mujer. En total, se recibieron 15 denuncias y las mismas han circulado en sus redes sociales bajo el #NingúnAgresorEnElPoder.
Se trata de una herramienta visual donde se simula una boleta de votación, en la que se coloca el nombre del aspirante denunciado, su foto, el distrito al que pertenece, municipio o estado por el que competiría, el delito por el que es señalado y la carpeta de investigación o de sentencia.
“Es importante el trabajo que se hace a partir de las antiboletas, porque ellos tienen más miedo a ser exhibidos, que a la acción legal, un trabajo que se hace a partir de la observatoria ciudadana Todas Mx, y en la que puede participar la ciudadanía haciendo llegar esta información”, detalló Martha Barragán, directora de Transformación Violeta.
INE bajó a 3 en 2021; Tribunal los restituyó
En el proceso electoral de 2021, el INE logró bajar a tres candidatos porque comprobó que cometieron violencia política en razón de género, sin embargo la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación les restituyó sus candidaturas unos días antes de la contienda.
En los tres casos el INE determinó quitarles sus derechos políticos porque había sentencias firmes contra los aspirantes y las mismas Consejeras que respaldaron el procedimiento cuestionaron la decisión del Tribunal.
Ana Elizabeth Ayala Leyva, aspirante de la coalición “Juntos Hacemos Historia” de Morena, PT y PVEM por el Distrito 2 de Sinaloa, y Manuel Guillermo Chapman Moreno, fueron acusados de ejercer violencia política de género y acoso laboral en contra de la síndica procuradora, Angelina Valenzuela Benites, cuando Ayala se desempeñaba como tesorera municipal, y Chapman como alcalde del Ayuntamiento de Ahome; ambos con la sentencia TESIN-JDP-21-2019.
Mientras que Raúl Tadeo Nava, quien era candidato de mayoría relativa por el PT en el Distrito 3 de Morelos, contaba con la sentencia TEEM/JDC/443/2018-2 por ejercer violencia política de género cuando se desempeñaba como presidente municipal de Cuautla, en contra de la síndica María Paola Cruz Torres.
La funcionaria lo acusó de impedirle realizar funciones propias de su cargo, como representar legalmente al ayuntamiento en todos los asuntos; excluirla de la toma de decisiones; bloquearla económicamente; impedirle tener personal a su cargo; y hasta de expresarle que no era capaz de realizar sus labores “por ser mujer”.
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación les devolvió sus candidaturas unos días antes de las elecciones, argumentando que el INE carecía de “atribuciones para determinar la pérdida de la presunción de contar con un modo honesto de vivir de las personas”, al señalar que esa atribución es exclusiva de la autoridad jurisdiccional electoral.
Las y los consejeros repudiaron el fallo, al considerar que con ello no había garantía sobre la aplicación de las acciones afirmativas a favor de las mujeres.
Asimismo, siete aspirantes en Nayarit, Chiapas, Quintana Roo, Veracruz, Estado de México y San Luis Potosí, quienes fueron detectados con denuncias o investigaciones por violencia familiar, sexual, o por ser deudores alimentarios, declinaron contender para buscar una diputación federal, por lo que fueron sustituidos.
Las trabas
En ambos procesos electorales, el INE se ha encontrado con complejidades para poder acceder a información referente a los perfiles de las candidaturas.
Este año, se giraron múltiples oficios a autoridades locales y federales del país, entre las que se encuentran la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el Consejo de la Judicatura Federal. Algunas de las dependencias dijeron no contar con registros respecto a lo solicitado, pero también hubo quienes se negaron a entregar la información, y otros ni siquiera respondieron.
De acuerdo con las activistas de la observatoria Todas Mx, dentro de las complejidades para poder evitar que los agresores lleguen a cargos públicos -como establece la “8 de 8 contra la violencia”- se encuentra el que se exijan sentencias firmes en contra de los señalados, porque en México los procesos legales son muy largos, y en muy pocas ocasiones se logra una sentencia condenatoria.
Ivonne de la Cruz Domínguez, integrante de Las Constituyentes Mx Feministas, consideró que hace mucha falta la colaboración de los partidos políticos para evitar que ese tipo de personajes lleguen a cargos de poder.
Y Martha Barragán coincide, al advertir que la responsabilidad empieza en el seno de los institutos políticos, porque es ahí mismo donde se impulsa a los agresores, se les protege y se les premia.
“Los partidos políticos serían los responsables directos de no postular perfiles que no cumplen con lo establecido en la constitución”, advirtió.
Además, en lo que respecta a la operación de la observatoria, sus integrantes advierten que se enfrentan a la falta de manos y ojos para poder realizar su labor en cada rincón del país, y elaborar las anti-boletas con información corroborada.
“Es un trabajo tremendo porque tenemos que buscar los expedientes, comprobar que la información es fidedigna, buscar fuentes, luego hacer las anti-boletas, publicarlas, y todo ese trabajo lo hacemos nosotras. Para que haya un efectivo resultado, necesitaríamos instalar observatorias como parte de los gobiernos locales, municipales, estatales, federales, tener ojos para encontrar esos casos”, señala Barragán.
Las feministas consideran que se han dado pasos fundamentales en contra de los agresores en el poder, pero alertan que esto apenas va comenzando. Se trata de un trabajo diario y del que tanto ellas como la sociedad deben estar vigilantes, para evitar que haya retrocesos, y por el contrario, “siga adelante la lucha”.
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